A partir de esta fecha y por disposición de la legislatura local, los 125 ayuntamientos mexiquenses estarán obligados a expedir licencias de construcción y operación con perspectiva ambiental, a fin de garantizar la protección de áreas naturales protegidas.
La iniciativa aprobada por unanimidad, que reforma el Código para la Biodiversidad del Estado de México, establece que los ayuntamientos al expedir autorizaciones para el uso del suelo o licencias de construcción u operación que no estén reservadas a la Federación, busquen en todo momento, la protección de las áreas naturales, acuíferos, reservas naturales y zonas forestales.
La legislatura consideró que es indispensable la participación de los ayuntamientos en la conservación del medio ambiente a través de la regulación del uso del suelo, para desde ese ámbito contribuir a mitigar los efectos del cambio climático.
La reforma propuesta por la diputada Yessica Rojas, de Morena, hace énfasis en la urgente protección de áreas naturales como las Lagunas de Xico, en Chalco, y agrega que de esas superficies, cada vez más afectadas por el desarrollo urbano, depende entre otros factores la captación de agua pluvial, la producción de oxígeno, la retención de contaminantes como el carbono y de suelo, así como la mitigación de los efectos del cambio climático.
Mientras tanto, en la misma sesión, el Partido Acción Nacional, presentó un exhorto para que en los edificios públicos de la entidad, se inicie una transición al uso de energías renovables que deberá completarse en el año 2026.
El legislador panista, Gerardo Lamas, presentó un Punto de Acuerdo, donde se establece que todos los edificios públicos, propios o rentados, deberán adecuarse con energías renovables para satisfacer el 100 por ciento de su consumo energético.
El Punto de Acuerdo define una transición escalonada, de tal manera que para el 31 de diciembre de 2023, el 25 por ciento de los edificios públicos o unidades administrativas sean abastecidos únicamente por energías renovables; para el 31 de diciembre de 2024 el 50 por ciento, para el 31 de diciembre de 2025 el 75 por ciento y finalmente para el 31 de diciembre de 2026 el 100 por ciento.
El acuerdo fue votado de manera unánime por los integrantes de las 8 fuerzas políticas representadas en el congreso mexiquense.
