La defensa del candidato opositor venezolano Edmundo González Urrutia informó que el fiscal general le convocó para una reunión este miércoles a las 17H00 locales (21H00 GMT), dos días después de que fuera emitida una orden de captura en contra del dirigente.
«He recibido una llamada de la secretaria de despacho del fiscal general de la República en la que se me convoca a una reunión a las 5 de la tarde, la cual voy a atender», dijo a periodistas el abogado José Vicente Haro, que más temprano consignó un escrito legal en nombre de González Urrutia en el que pidió «no criminalizar» la política y evitar una «persecución».
«Tengo prevista entonces una reunión con el fiscal general de la República (Tarek William Saab) con relación a esa carta», señaló el abogado, «y atenderemos pues las inquietudes que (…) tenga bien a hacer al respecto».
González Urrutia, que denuncia fraude en la reelección del presidente Nicolás Maduro y asegura haber ganado la contienda, es solicitado, entre otros delitos, por «desobediencia de leyes» y «conspiración». Está en la clandestinidad desde hace un mes.
La investigación en su contra se centra en la difusión de copias de las actas electorales en una página web. De hecho, también se le acusa de «usurpación de funciones» y «sabotaje».
La oposición liderada por María Corina Machado asegura que esa plataforma es prueba de la victoria de González Urrutia con más del 60% de los votos en la elección en la que Maduro fue proclamado reelecto para un tercer período, sin que las autoridades presentaran el detalle del escrutinio como exige la ley.
El escrito que Haro llevó a la fiscalía, que motivó la reunión, justifica la ausencia de su defendido en las tres citaciones emitidas por ese despacho y que derivaron en el pedido de arresto.
«En términos generales contiene las razones desde el punto de vista constitucional, jurídico y legal, por las cuales él no compareció ante el Ministerio Público, ante la representación fiscal que se le indicó», sostuvo Haro más temprano. «Hay una situación de indefensión, de imposibilidad de garantizar su derecho a la defensa, al debido proceso».
Machado también se encuentra en la clandestinidad.
Opositores y juristas coinciden en señalar que la justicia venezolana opera al servicio del chavismo gobernante.
