Familiares de un menor identificado como Juan Pablo buscan que su guarida y custodia sea entregada a sus abuelos, esto luego de que un juez del Poder Judicial del Estado de México (PJEM) la entregara a su padre. Los quejosos argumentan que hubo un actuar indebido por parte de la juzgadora que llevó el caso, sin embargo, el órgano autónomo afirmó que han operado de acuerdo a lo que marca la ley. La mañana de este jueves, cerca de 60 personas se manifestaron al exterior del Palacio de Gobierno del Estado de México. Bloquearon las calles Sebastián Lerdo de Tejada y Nicolás Bravo, esto como forma de manifestación. En el sitio, lanzaron consignas en contra de una de las juzgadoras que llevó el caso. Posteriormente, Ximena Bueno, una de las familiares afectadas, explicó en entrevista que el conflicto data desde varios años. Indicó que su hermana murió por complicaciones médicas hace cerca de ocho años y desde entonces, sus abuelos tuvieron su guardia y custodia. “El juez decidió dar la guarda y custodia de Pablo a mis papás, Pablo vivió 7 años 11 meses 6 días con mis papás e ininterrumpidamente convivía con el padre una vez a la semana en el centro de convivencia. En el centro de convivencia, Pablo sufrió violencia psicológica”, denunció. Posteriormente, solicitaron que su caso sea atendido por el presidente del PJEM, Ricardo Sodi Cuellar, por la supuesta incompetencia de la jueza encargada.
A través de una tarjeta informativa, el Poder Judicial mexiquense explicó los motivos por los cuales la jueza entregó la titularidad del menor a su padre en lugar de mantenerlo con sus abuelos. Explicó que el menor vivía con sus abuelos y le impedían reunirse con el padre a pesar de múltiples determinaciones judiciales; y se privilegió la guardia y custodio en favor del papá por el lazo paterno filial. Derivado de ello, el 19 de julio se llevó a cabo una diligencia que dio cumplimiento al cambio de guarda y custodia. La entrega del menor se realizó en operativo conjunto con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, debido a que los abuelos tenían dispuesto un despliegue de seguridad privada para evitar se llevara a cabo. Esto no fue obstáculo para que la determinación de la juzgadora se cumpliera. Asimismo, explicaron que posteriormente a la entrega, el menor fue atendido en materia psicológica y física. Es de señalar que los manifestantes continuaron con la protesta al exterior del Palacio de Justicia mexiquense en la calle Nicolás Bravo y posteriormente fueron atendidos por personal del Poder Judicial mexiquense.
