La subsecretaria de Comercio Exterior, Luz María de la Mora, sostuvo una llamada introductoria con el recién nombrado representante comercial adjunto de EU, Jayme White.
El gobierno de Estados Unidos se pronunció por primera vez desde la presentación de la iniciativa de reforma constitucional para el sector eléctrico que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 30 de septiembre al Congreso de la Unión.
La subsecretaria de Comercio Exterior, Luz María de la Mora, sostuvo una llamada introductoria con el recién nombrado representante comercial adjunto de EU, Jayme White.
De entre los temas tocados durante la llamada, destacaron los puntos de la política energética mexicana y los biotecnológicos agrícolas.
“El embajador White enfatizó varios asuntos bilaterales vigentes, incluyendo la política energética de México y la importancia de que las autoridades mexicanas reestablezcan la autorización para productos agrícolas biotecnológicos”, informó la Oficina del Representante Comercial de EU en un comunicado enviado el viernes.
La política energética del presidente Andrés Manuel López Obrador se ha vuelto un punto de contención tanto al interior como al exterior de México. El empresariado estadounidense y funcionarios de su gobierno se han sumado a las voces que expresan su desacuerdo con la reforma constitucional que terminaría con los contratos de generación eléctrica vigentes con empresas privadas.
Expertos han advertido incluso que existe el riesgo de entrar en conflicto con la letra de varios acuerdos comerciales, entre ellos el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
El panorama es similar para el tema de los biotecnológicos. Desde la administración de Donald Trump, Washington presiona para que México apruebe el uso de productos agrícolas biotecnológicos. Según las autoridades comerciales de EU, es un compromiso pendiente del gobierno mexicano e insisten en que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) es el principal obstáculo para su cumplimiento, ya que no ha tomado una decisión sobre este tipo de productos desde mayo de 2018.
Ambos temas ya se encontraban en la mira de la Casa Blanca. En su más reciente Reporte Sobre Barreras al Comercio, el Departamento del Comercio de Estados Unidos señaló a ambos puntos como potenciales baches en la relación comercial de ambos países.
Cabe subrayar que el giro de la política energética hacia un enfoque más público que privado se encuentra bajo la clasificación de “Riesgos a la inversión” en dicho reporte.
Jayme White tomó protesta como representante comercial adjunto de EU a finales de septiembre. Al igual que la representante comercial Katherine Tai, tiene amplia experiencia al interior del Congreso estadounidense. También fue uno de los arquitectos del T-MEC, sobre todo en las medidas de cumplimiento laboral y medioambiental, dos de los temas que trató en su llamada con la subsecretaria De la Mora.
Ambos funcionarios acordaron mantenerse en contacto con frecuencia y planearon reuniones futuras, además de encuentros en el marco del Diálogo Económico de Alto Nivel México-EU.
Por su parte, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), afirmó que si las reglas actuales desfavorecen a la CFE, u otro participante en el mercado eléctrico, se deberían revisar y corregir y para ello cobra relevancia tener reguladores capaces e independientes como la CRE y la CNH, mismos que pasarían a formar parte de la Secretaría de Energía (Sener).
“La flexibilidad deseada de la regulación incluiría que, si las reglas fueran injustamente desfavorables para la CFE u otro participante del mercado, se deberían revisar y corregir −para ello se requieren reguladores capaces e independientes−, en vez de cancelar la competencia y todos sus beneficios”, dijo.
Explicó que la regulación de industrias de redes, como la eléctrica, es clave para el funcionamiento del aparato productivo, en donde el éxito de la actividad de los sectores que implican la operación de redes con diversos actores y en diversas áreas, depende de la efectividad de la regulación para distribuir adecuadamente los costos.
Fuente: El Financiero
