Aun con posturas divergentes, ministros, consejeros y jueces cedieron este jueves a la necesidad de hacer una reforma del Poder Judicial de la Federación (PJF), pero pusieron condiciones y urgieron a llegar a acuerdos, como en el punto de mayor desencuentro: la forma de elegir a más de mil 600 juzgadores del país.
En el primero de los nueve Diálogos Nacionales para la Reforma al Poder Judicial, convocados por la Cámara de Diputados, que convocó de manera inédita a los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) frente a los legisladores federales, la ministra presidenta, Norma Piña Hernández, lanzó el llamado “resolvamos nuestras diferencias en el ancho camino del entendimiento, resolviendo así la idea de una decisión tomada”, en referencia a la incitativa presidencial de Andrés Manuel López Obrador.
Tal como La Jornada adelantó el 20 de junio pasado, hoy Piña reveló a los legisladores federales que están preparando un documento para hacer propuestas a la iniciativa, el cual se basará en los 14 foros nacionales que desde marzo hasta agosto celebra el Poder Judicial con actores sociales, académicos y juzgadores.
“Tenemos propuestas concretas para mejorar el sistema de seguridad y justicia en nuestro país”, dijo.
El ministro Mario Pardo Rebolledo reconoció que es inminente que se apruebe la propuesta de López Obrador de elegir por las urnas a jueces, magistrados y ministros, y aunque dijo que no está a favor de ese mecanismos lanzó una propuesta.
“Me permito hacer la sugerencia en el sentido de que esa sustitución pudiera hacerse de manera gradual, escalonada”, dijo.
La ministra Yasmín Esquivel, quien avaló la enmienda en puerta, fue la única de los 11 integrantes de la Corte que llegó con una propuesta de reforma alterna para abonar en la iniciativa presidencial, la cual entregó a los diputados. Entre ello, materializó la idea de hacer una “elección progresiva” de los más de mil 600 jueces y magistrados del país para que no sean todos relevados en automático.
Crítico de la enmienda constitucional en marcha, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá dijo que al elegir por el voto ciudadano a los juzgadores está haciendo a un lado la carrera judicial, el mérito y la experiencia, y advirtió que los candidatos pasarían por un “filtro político”, pues serán propuestos por representantes de los poderes de la Unión. Sin embargo, llamó a los acuerdos.
“No obstante, ya no es momento para negacionismos ni para críticas generales, sino para contribuir para dialogar con los objetivos y con los retos identificados en la iniciativa”, asumió.
Para la consejera de la Judicatura, Eva Verónica de Gyvés, «hay muchas cosas que pueden rescatarse del sistema (Judicial) que hoy en día tenemos, pero el objetivo es maximizar el principio de acceso a la justicia, un auténtico estado de derecho, donde las personas juzgadoras cumplan con sus responsabilidades en el marco de la ley e impartan justicia imparcial y esperita. En pocas palabras, se trata de una reforma en beneficio del pueblo mexicano”.
El ministro Javier Laynez Pontisek fue el más crítico de la propuesta de reforma, la cual la mayoría de Morena y aliados en la Cámara de Diputados se dispone a dictaminar en agosto.
“Discúlpeme, lo digo con todo respeto, pero me rehúso a creer que treinta años después este sistema (Judicial) sólo haya traído como resultado corrupción, ineficiencias, impunidad o tráfico de influencias”, señaló.
Entre aplausos de legisladores de Morena y gritos que la ovacionaron como “ministra del pueblo”, la ministra Lenia Batres Lenia Guadarrama, aseguró que la reforma democratiza al poder judicial y lo limpia del elitismo para elegir a los juzgadores. También, pone tope a las remuneraciones de ministros, jueces y magistrados.
“Garantiza que de una vez por todas se cumpla con el límite de la remuneración de las personas servidoras públicas, impuesto hace 14 años, cuyo abuso sigue generando indignación a nuestro pueblo… Para nuestra población, la justicia en México es cara, elitista, desgastante, humillante, lenta, inaccesible, inentendible, abusiva, misógina, racista, clasista, corrupta, parcial… En una palabra, es injusta”, dijo.
La jueza Juana Fuentes Velázquez cuestionó que si los jueces son elegidos por voto popular “¿cómo se le garantiza a la sociedad que su única lealtad sea la ley y la justicia y no a quienes lo promueven?”.
En tanto, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena alertó que “una reforma mal hecha” afectaría no solo la impartición de justicia del país sino también a la economía nacional, “mientras que una exitosa potencializará el crecimiento económico”.
“Es necesario hacer visibles las posibles distorsiones de una reforma de esta envergadura para discutir posibles remedios, asumiendo que el poder reformador de la constitución decide instaurar un modelo de elección popular de juez y magistrados”, dijo.
El ministro Alberto Pérez Dayán coincidió que las instituciones del Estado, en conjunto, no han alcanzado, hasta ahora, el nivel de satisfacción y certidumbre que demanda la sociedad “y precisamente por eso estamos aquí”. Empero, externó que le preocupa modificaciones planteadas como eliminar las suspensiones generales al atender recursos judiciales.
“Primero, prohibir la suspensión de normas generales en acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales que muy excepcionalmente otorga la Suprema Corte de Justicia de la Nación significa admitir también la posible violación a derechos humanos de modo irreversible si esas normas resultan inconstitucionales. Recuerden lo ya sucedido, nada ni nadie lo repara”, señaló.
A favor, la ministra Margarita Ríos Farjat, a favor, respondió a la pregunta del foro: “¿Qué poder judicial queremos? Respetuosamente considero que una buena reforma legislativa debe tener cuatro características. Primera, estar verdaderamente orientada a resolver problemas. No según la ilusión, sino según la realidad. Segunda, no desarreglar lo que funciona para no crear problemas. Tercera, ser económica. Cuarta, implementarse con sencillez”.
El ministro Luis María Aguilar, aquien dijo que proviene de una familia humilde porque su abuela era una indígena maya de un pueblo de yucatán ticul y mi abuelo materno era un conductor de tranvías, dijo que la carrera judicial le permitió superarse, en defensa del actual sistema para elegir a los jueces y magistrados.
“Aprovechemos la carrera judicial si se puede combinar de manera eficiente con la elección popular, pues que se haga, yo no me opongo, mi única condición y lo he dicho mi única condición es que los jueces y los juzgadores sean independientes si se elige un sistema determinado”, dijo.
