El presidente de México respondió a los reclamos que hizo Anne Milgram, directora de la DEA, por los retrasos en la entrega de visas para las operaciones de 13 agentes. “Creo que exageró, con todo respeto”, dijo Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa de este jueves. El mandatario rechazó que hubiera un bloqueo contra las operaciones de la agencia antinarcóticos en territorio mexicano y mandó el mensaje de que su Gobierno no dará marcha atrás en la política de imponer controles para supervisar las actividades de organizaciones extranjeras. “Lo único que queremos que se entienda es que somos un país independiente y hay reglas que se tienen que seguir”, afirmó.
Las tensiones volvieron a aflorar entre la DEA y las autoridades mexicanas, tras una comparecencia de Milgram en la Cámara de Representantes, en la que se quejó de que la cooperación del Gobierno de López Obrador en la guerra contra las drogas ha sido “inconstante”. La directora de la agencia antidrogas también señaló que, en algunos casos, los visados para su personal han tenido que esperar hasta ocho meses. Tras el escándalo por la detención y posterior liberación del general Salvador Cienfuegos, secretario de Defensa del Gobierno de Enrique Peña Nieto, el Congreso mexicano, de mayoría oficialista, impulsó en 2021 una reforma a la Ley de Seguridad Nacional, que establece una regulación más estricta a agentes de Gobiernos extranjeros que trabajen en el país.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) lamentó en un comunicado las declaraciones de Milgram y negó que hubiera tales retrasos en las autorizaciones que solicitó la DEA. “La declaración de la titular de esa agencia antidrogas sobre una demora de más de ocho meses en la acreditación de representantes es infundada”, zanjó la Cancillería. La SRE dijo que había entregado 14 acreditaciones en lo que va de año, cuatro en enero y diez en abril. También rechazó los señalamientos sobre la falta de participación mexicana en la guerra contra el narcotráfico, al exponer que se habían asegurado más de ocho toneladas de fentanilo en la Administración de López Obrador.
López Obrador achacó las declaraciones de Milgram a un posible “malentendido”, pero manifestó que los tiempos en que la DEA tenía vía libre en México han terminado, al menos mientras él esté en el Gobierno. “Antes ellos no hacían ningún trámite, entraban los agentes que querían”, expuso. El presidente aprovechó el último episodio de tensiones para lanzar críticas contra sus adversarios políticos. Cuestionó, por ejemplo, la política de seguridad del expresidente Felipe Calderón y su decisión de aumentar la cooperación en seguridad con Washington. “Ya les he platicado de cómo desde la Embajada de Estados Unidos en Ciudad de México operaban y daban instrucciones a mandos de la Secretaría de Marina y desde luego a la extinta Procuraduría [hoy Fiscalía General de la República]”, comentó.
Las declaraciones de Milgram tuvieron eco en México, pero se dieron en el contexto de una sesión del comité de apropiaciones, en el que varias instancias del Gobierno estadounidense cada año argumentan sus solicitudes de presupuesto ante la Cámara baja. En 2024, cuando ambos países acuden a las urnas para elegir a su próximo presidente, la DEA tenía que justificar su propio programa de trabajo para los próximos meses y afrontar los cuestionamientos de sectores duros del Partido Republicano sobre la guerra contra las drogas y la cooperación de México.
“Cuando la DEA se enfrenta a obstáculos como complicaciones para asegurar que se entreguen visas a tiempo para los agentes que operan en México y hay órdenes de arresto pendientes sobre las que el Gobierno mexicano no ha actuado, eso sugiere que nuestra relación con México está lejos de ser la ideal”, dijo en una declaración oficial”, reprochó Hal Rogers, legislador republicano por Kentucky y presidente del citado comité. “Los carteles están en una guerra abierta contra el pueblo de México”, señaló el texano Dan Crenshaw. “Hay una solución: una cooperación más fuerte con el Ejército mexicano para ayudarles a recuperar su país”.
López Obrador, a su vez, tiene su propia lista de agravios contra la DEA y ha señalado en múltiples ocasiones que la agencia está detrás de una ola de filtraciones periodísticas sobre supuestos lazos de su círculo cercano con el crimen organizado. “¿Qué tiene que hacer la DEA investigando al presidente de México?”, cuestionó, por ejemplo, en su última conferencia mañanera. Sectores de la oposición mexicana han usado la etiqueta de “narcopresidente” para atacar al titular del Ejecutivo, que ha aprovechado el cruce de descalificaciones para apelar a su base de seguidores. México está a menos de un mes de celebrar las votaciones por la presidencia, el Congreso y nueve gubernaturas en disputa.
Más allá de las declaraciones en la Cámara baja, el Gobierno estadounidense no se ha enfrascado en la última polémica. El presidente Joe Biden libra su propia batalla contra el republicano Donald Trump y ambos están cara a cara para buscar un segundo mandato en las elecciones de noviembre. López Obrador ha intentado apagar la controversia al asegurar que México no tiene ningún interés en obstaculizar a la DEA, aunque matizó que no iba a quedarse “callado”, como “antes”. Las tensiones, sin embargo, empiezan a delinear el clima de la relación entre los próximos Gobiernos de México y Estados Unidos, y sobre todo, con la DEA.
