Leímos el artículo que Marcelo Ebrard publicó en The Washington Post. El canciller sostiene que los críticos se han equivocado en sus intentos por definir al presidente López Obrador como populista y autoritario.
Sostiene, también, que las advertencias de caos económico, regresión democrática y choque con Washington que han hecho esos críticos “nunca ocurrieron”. “Quizás es tiempo de que le den un poco más de crédito a AMLO y a la democracia mexicana…”, subraya, a manera de conclusión.
Diferimos de Marcelo cuando dice que se equivocan quienes definen a AMLO como “populista y autoritario”. No le gustan esos términos. Vamos a llamarlo autócrata.
Va la definición de autocracia: “Un sistema de gobierno que concentra el poder en una sola figura, cuyas acciones y decisiones no están sujetas ni a restricciones legales externas ni a mecanismos regulativos de control popular”. ¿Le suena?
El canciller no puede negar el rechazo del Presidente a los órganos autónomos. Los ha querido eliminar. Le estorba el Inai, la Cofece, el INE. Lleva al Banco de México a un hombre que le sirvió como titular de la SHCP: Arturo Herrera. Con todo y su prestigio fue su subordinado.
Su palabra es ley para la mayoría legislativa en el Congreso. Una y otra vez les ordena que “no le muevan ni una coma…” a sus iniciativas, y no se le mueve.
Todos los días mete mano en asuntos del Poder Judicial. Aquí tampoco respeta la división de poderes. Quiere imponer dos años más a Arturo Zaldívar como presidente de la SCJN, a pesar de que la Constitución lo limita a cuatro años.
Dice que es el único que puede sacar adelante la reforma al Poder Judicial. Los ministros heredados del pasado “están al servicio del dinero”, asegura. Descalificó a la clase media de la CDMX y zona metropolitana por no haber votado por Morena.
Su visión trasnochada lo llevó a decir que los clasemedieros son “aspiracionistas (¿), egoístas y con el deseo de triunfar a toda costa”. La economía no se ha desplomado y el peso se ha apreciado, es cierto. Pero en crecimiento económico ha quedado a deber. Este año va a ser el primero, de tres, con crecimiento del PIB por habitante.
Cerramos el tema con una pregunta al canciller: ¿En serio cree que los críticos de AMLO están tan equivocados?
*AMLO anunció tres reformas constitucionales para su segundo trienio. Tarea difícil. No tiene la mayoría calificada (dos tercios de la asamblea) para modificar la Carta Magna.
Su única posibilidad es que alguno de los partidos de la coalición Va por México —ya habló del PRI— le otorgue los votos requeridos.
La primera reforma tiene que ver con el fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad. De aprobarse, le aseguraría el 56 por ciento del mercado a la empresa que dirige Manuel Bartlett. El otro 46 por ciento iría a los particulares que, en su mayoría, generan energías limpias. Un cambio de esa naturaleza daría un golpe a la libre competencia; promovería el uso de combustibles contaminantes y —aunque el discurso oficial diga lo contrario— encarecería la electricidad.
La electoral es la segunda reforma anunciada. El Presidente quiere cambiar el INE. Borrar a los actuales consejeros “nombrados por los partidos de antes”. Busca poner en su lugar a incondicionales que, desde ahora, ya califica de “gente de inobjetable honestidad, rectos, auténticos demócratas”.
Le importa un comino que los ciudadanos tengan más confianza en el órgano electoral que en su Presidente. Un estudio de opinión del Reforma, realizado a mediados de abril, refleja que el 68 por ciento de los entrevistados confía en el Instituto y un 58 por ciento en el jefe de Estado.
Para promover esa reforma usa un lenguaje propio de los populistas: vende la idea de que hay que abaratar las elecciones para llevar los ahorros a los programas sociales.
“No es posible que se destinen 20 mil mdp a partidos, INE y Tribunal”, argumenta. La medida, sin embargo, no está libre de riesgos. Entre otras cosas abre la puerta al “dinero sucio” en las campañas. Los 200 diputados y senadores plurinominales se eliminarían. “¿Para qué tantos?”, se preguntó ayer el Presidente. La desaparición de los legisladores de lista favorece al partido en el gobierno. La tercera reforma propone que la Guardia Nacional forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Un paso más hacia la militarización del país. “No queremos que pase después a Gobernación o a cualquier otra institución y en seis años esté echada a perder”, alega.
La fusión de la Guardia Nacional con las Fuerzas Armadas consolidaría el engaño que ayudó a su aprobación en el Congreso: El mando sería civil.
Fuente: Excelsior
