La publicación en el portal de Proceso de una fotografía de Tomás Zerón presuntamente tomada en fechas recientes en Israel colocó de nuevo el tema del espionaje ilegal en el debate público y revivió la exigencia de que la FGR esclarezca cómo el gobierno Peña Nieto utilizó tecnología para espiar.
Durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto una veintena de empresas israelíes vendieron a los gobiernos federal y estatales programas y equipos con los que espiaron a opositores políticos, activistas y periodistas; en algunos casos esa tecnología intrusiva terminó en manos de individuos ligados a cárteles del narcotráfico. Un personaje clave vinculado a estos negocios fue el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, prófugo de la justicia y quien habría aprovechado sus contactos en el mundo empresarial del espionaje para refugiarse en Israel.
El pasado lunes 7 la publicación en el portal de Proceso de una fotografía de Tomás Zerón de Lucio presuntamente tomada en fechas recientes en Israel colocó de nuevo el tema del espionaje ilegal en el debate público y revivió la exigencia de que la Fiscalía General de la República (FGR) esclarezca cómo el gobierno de Enrique Peña Nieto utilizó tecnologías intrusivas para espiar a periodistas, defensores de derechos humanos y opositores políticos.
La fotografía del oscuro exdirector de la Agencia de Investigación Criminal y de la Comisión Nacional de Seguridad se mueve en el pequeño círculo de la industria de las tecnologías de espionaje de Israel, que en la última década y media aprovechó la sed de espionaje de los gobiernos federal y estatales en México y vendió su material al por mayor, de manera opaca y a veces al borde de la ilegalidad.
La imagen, obtenida por este semanario y los otros 24 medios de 18 países que participaron en The Cartel Project –una investigación periodística internacional coordinada por el consorcio Forbidden Stories–, evidencia que Zerón pudo viajar a Israel en plena pandemia gracias a los contactos que tejió cuando se convirtió en el principal protagonista del mercado del ciberespionaje en el país.
Antes de que Zerón jugara ese papel, el no menos oscuro Genaro García Luna –otrora titular de la Secretaría de Seguridad Pública y hombre de todas las confianzas del expresidente Felipe Calderón Hinojosa– se embolsó decenas de millones de dólares con su socio y presunto prestanombres Samuel Weinberg, entonces enlace de empresas israelíes en México. García Luna está en espera de su juicio en Estados Unidos, donde está acusado de trabajar para el Cártel de Sinaloa a cambio de sobornos millonarios.
Zerón estuvo en el centro del escándalo conocido como #GobiernoEspía, que evidenció cómo agencias de gobierno, ya sea la extinta Procuraduría General de la República (PGR), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) o la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), trataron de colocar el spyware Pegasus en los celulares de al menos 10 periodistas –entre ellos Jorge Carrasco Araizaga, actual director de Proceso– y activistas.
El número telefónico que en junio de 2016 mandó un mensaje de texto maligno a Carrasco –entonces reportero de este semanario– es idéntico al que trató de infectar los teléfonos de la periodista Carmen Aristegui y de su hijo, por las mismas fechas.
“Gresca” por el mercado mexicano
Actualmente prófugo de la justicia –la FGR emitió órdenes de aprehensión en su contra por tortura, desaparición forzada y malversación de mil 102 millones de pesos–, Zerón tejió estrechas relaciones con algunos de los intermediarios israelíes en México, entre ellos Avishay Samuel Neriya –cónsul honorario de México en Haifa desde 2014– y su exsocio Uri Emmanuel Ansbacher Benarama.
Fuentes consultadas en el marco de la investigación confirmaron que durante el sexenio de Peña Nieto, Ansbacher se convirtió en un enlace clave entre las empresas israelíes que venden tecnologías de espionaje y militar, y las agencias del gobierno mexicano; es, por ejemplo, amigo íntimo de Shalev Hulio, el cofundador de la empresa israelí NSO Group, que desarrolló Pegasus.
En el reportaje del pasado lunes 7, Proceso aportó nuevos elementos sobre el negocio multimillonario del espionaje en México –que este semanario documentó en reiteradas ocasiones–, en el que destacan las empresas israelíes NSO, Verint Systems, Nice Systems, Ability Inc, Rafael Advanced Defense Systems, Rayzone, Phantom Technologies y las europeas Hacking Team, Gamma o Circles, entre otras.
Un alto mando de la agencia antidrogas de Estados Unidos dijo a Forbidden Stories que entre 20 y 25 empresas dedicadas al desarrollo de tecnologías de espionaje han vendido sus productos a entidades federales y estatales y describió el mercado como una “gresca”.
Como cualquier negocio opaco y desregulado, el del ciberespionaje abre en grande las puertas para la corrupción: así, los empresarios Yaniv David Zangilevitch y Moisés Markovich Katz tenían anotado en sus registros contables un pago de 21 mil 300 dólares como “regalos” a presuntos integrantes del “gobierno de Toluca”.
La investigación también mostró cómo parte de la tecnología destinada a un uso exclusivo de agencias de seguridad terminó en manos de personas posiblemente coludidas con el crimen organizado.
Un exempleado de Hacking Team narró por ejemplo cómo, durante varios meses en 2011, la empresa DTXT –una de las entonces distribuidoras de la compañía italiana en México, dirigida por un personaje llamado Alex Berroa– operó el sistema Remote Control Systems “a su antojo”, en lugar de entregar el sistema a la extinta Policía Federal, en violación de todos los reglamentos europeos sobre el uso de estas tecnologías.
Explicó cómo un técnico de la empresa italiana tuvo un susto mayúsculo en 2013 cuando viajó a Puebla con la idea de que instalaría un sistema de intercepción telefónica para la fiscalía del estado, pero terminó en “una casa abandonada en los suburbios” de la capital, dónde lo recibió Joaquín Arenal Romero, un exagente del Cisen. El exempleado de Hacking Team se dirigió de inmediato a sus superiores y les advirtió que Arenal fue acusado de trabajar para la organización criminal de Los Zetas.
Otro caso llamó la atención de las autoridades de Estados Unidos: el de la empresa Universal Security Group, que tiene sedes en Tijuana y Guadalajara y pertenece al ciudadano israelí Yakov Fauster, también conocido como Jacobo Fauster Goldstein. Su exsocia en la empresa, Estefanía Plascencia Ponce, fue imputada en 2018 en Estados Unidos por lavado de dinero y otras actividades ilícitas para organizaciones criminales mexicanas, incluyendo el Cártel de Sinaloa.
Células clandestinas
El uso ilegal de tecnologías de espionaje contra la prensa en México llamó la atención de Forbidden Stories, cuya misión consiste en continuar las investigaciones de periodistas amenazados o asesinados. México es el país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo –este año, 13 de los 40 periodistas asesinados en el planeta lo fueron en este país–, y el ciberespionaje es una de las diversas formas de atacar y hostigar la profesión.
Así, aparte de las agencias federales, exfuncionarios del gobierno de Veracruz y exempleados de la empresa italiana Hacking Team confirmaron que los exgobernadores Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa, así como el poblano Rafael Moreno Valle y otros mandatarios estatales, encabezaron células de espionaje clandestinas, que utilizaron para hostigar a sus rivales políticos y a periodistas de manera totalmente ilegal.
Regina Martínez, corresponsal de Proceso en Veracruz asesinada el 28 de abril de 2012, figuraba entre las presuntas víctimas de la célula de espionaje clandestina que operó durante las administraciones de Herrera y Duarte.
Al igual que en nueve de cada 10 asesinatos de periodistas, los casos de espionaje ilegal desde agencias de gobierno siguen impunes, pues la FGR aún no ha judicializado ningún caso en una década y media –cuando se empezaron a documentar las adquisiciones de complejos sistemas de espionaje–, entre ellos la investigación que abrió después que víctimas de Pegasus interpusieron una denuncia en 2017.
La dependencia a cargo de Alejandro Gertz Manero sigue dos líneas: una pretende determinar qué agencia y qué exfuncionarios espiaron a periodistas y defensores de derechos humanos durante el sexenio pasado; la segunda se enfoca en las empresas que venden estas tecnologías en el país, entre ellas las de Ansbacher, quien presuntamente vendió el sistema NSO a la PGR, el Cisen y la Sedena en 2015 –aunque él lo negó–.
Los hallazgos de The Cartel Project sobre el ciberespionaje en México, producto de una investigación de cerca de 10 meses, fueron destacados en medios asociados de Forbidden Stories y en el propio sitio del colectivo, que los difundieron a su audiencia en varios países.
En Israel el periódico Haaretz –socio de Forbidden Stories– publicó dos reportajes sobre el uso ilegal de las tecnologías israelíes, a pesar de que la exportación de estas ciberarmas está regulada y vigilada por el gobierno israelí, y sobre la opacidad de ese mercado millonario en México.
En Gran Bretaña, The Guardian resaltó que “funcionarios mexicanos corruptos ayudaron a los cárteles del narcotráfico a conseguir los spyware más sofisticados que pueden usarse para hackear celulares” y planteó que desde 2018 el Reino Unido vendió a México equipos de intercepción por 300 mil dólares.
Los diarios francófonos Le Monde y Le Soir, por su parte, reportaron cómo fallaron los supuestos controles internos de la empresa NSO para evitar el mal uso de su tecnología; la célula de investigación de Radio France, por su parte, recordó que México fue durante varios años el principal cliente de NSO Group y que su cofundador, Omri Lavie, se jactaba en 2013 de que “somos como un fantasma, somos totalmente invisibles para el objetivo; no dejamos ningún rastro”.
El lunes 7 el tema del ciberespionaje en México también apareció en Italia –en IrpiMedia–, Portugal –Expresso–, India –el portal The Lede– y Bélgica –en Knack–.
